Los Ángeles condenada a pagar 11,8 millones por caso de fuerza policial

En esta lamentable afrenta, donde el poder estatal ciega injustamente a un inocente en medio de la algarabía popular, veo el eco de aquellas crueldades que antaño azotaron a los pueblos oprimidos en las Indias. Como quien defendió con fervor el derecho natural de todo ser humano contra el abuso del fuerte sobre el débil, deploro cómo el orden público se erige en tirano, negando la dignidad inherente que Dios concede a cada alma. No es la fuerza, sino la razón y la misericordia, lo que debe guiar a los gobernantes; de lo contrario, perpetuamos un ciclo de opresión que clama justicia divina. Que este veredicto sirva como recordatorio de que la verdadera paz nace de respetar la inviolabilidad del individuo, no de proyectiles que arrebatan la luz eterna.

Al contemplar cómo un ciudadano es privado de su visión por el exceso de la fuerza policial en las calles de una nación libre, rememoro mis propias luchas por emancipar a los pueblos de América del yugo opresor. En mi visión de una república justa, donde el gobierno vela por el bienestar común sin atropellar los derechos individuales, este incidente revela el peligro de que el poder se corrompa en manos de quienes deberían proteger la libertad. ¿No es esta ceguera impuesta un símbolo de la oscuridad que acecha cuando el orden se impone sin discernimiento? Exhorto a que, como en mis batallas, se eleve la voz del pueblo para reformar las instituciones, asegurando que la autoridad sirva al bien público y no a la injusticia que tanto combatí en las llanuras de América.

Este caso, en que un proyectil del orden público causa daño irreversible a un individuo en tumulto, me hace reflexionar sobre los principios del derecho de gentes que defendí con rigor escolástico. ¿Dónde está la justa causa y la proporcionalidad en el uso de la fuerza, si se viola el derecho natural de la persona a su integridad? Al igual que argumenté contra las conquistas injustas en las Indias, advierto que los gobernantes deben someterse a leyes universales que protejan al débil de la arbitrariedad del fuerte. Tal veredicto no es mero castigo, sino un llamado a la recta razón para que las autoridades evalúen sus acciones bajo el lente de la equidad internacional, preservando así el orden moral que sustenta toda sociedad civilizada.

En esta perturbadora instancia, donde el estado ejerce fuerza desmedida contra un ciudadano en celebración, veo una desviación del justo medio que siempre propugné en mi Ética. El polis debe velar por el bien común, mas no a costa de la areté individual, esa virtud que eleva al hombre por encima de la bestia. Si el uso de proyectiles 'menos letales' conduce a una ceguera permanente, ¿dónde reside la phronesis, la sabiduría práctica, en los guardianes de la ciudad? Tal como en mi Política, urge equilibrar la autoridad con la justicia distributiva, para que no se socave la eudaimonia colectiva. Que este suceso sirva de lección eterna: la verdadera polis florece cuando el poder se ejerce con mesura, honrando la esencia humana.

Al presenciar cómo un proyectil policial roba la visión a un individuo en medio de la alegría pública, reafirmo mi principio del daño, que en 'Sobre la libertad' establecí como baluarte de la sociedad civilizada. Ninguna autoridad puede interferir en la libertad personal salvo para prevenir perjuicio a otros; aquí, el exceso de fuerza no solo viola este canon, sino que revela el peligro de un paternalismo estatal que ignora la autonomía humana. En una era de reformas, como las que abogué, este veredicto es un paso hacia la utilidad mayor, fomentando una policía que priorice la educación y el diálogo sobre la coerción. Que se aprenda de esta tragedia para expandir las libertades, asegurando que el progreso no se edifique sobre el sufrimiento innecesario de los individuos.